Para explicar las Novedades legislativas que afectan al recobro debemos situarnos en 2004 cuando La ley de lucha contra la morosidad (Ley 3/2004, de 29 de diciembre) se aprobó como consecuencia de la transposición de la Directiva 2000/35/CE promulgada con el objetivo de combatir los problemas ocasionados por los dilatados plazos de pago y la morosidad entre empresas.
Los perjuicios derivados de la morosidad en el pago conllevan un gran coste a las empresas (tanto financiero como de oportunidad) y un grave problema añadido para las PYMES que pueden ver en entredicho incluso su viabilidad.
A la vista de que la Ley de 2004 no es suficiente para combatir esta usual práctica en las operaciones comerciales, es precisa una reforma legislativa que establezca de forma clara las infracciones y sanciones resultantes del incumplimiento de los plazos de pago. Precisamente se encuentran en tramitación varias proposiciones y proyectos de ley que afectarán directamente a la morosidad.
Leyes que afectan a la Ley de Morosidad y Reclamación de Impagos:
1. La Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones establece entre otros cambios, un titulo III en la actual Ley en el que cataloga las infracciones e impone una serie de sanciones que se gradúan en función de la gravedad de la infracción.
- Infracciones leves, hasta 3.000 euros.
- Infracciones graves, entre 3.001 y 100.000 euros.
- Infracciones muy graves, entre 100.001 y 1.000.000 de euros.
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2. Del mismo modo que la anterior, como una de las novedades legislativas que afectan al recobro podemos ver el Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de infracciones para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera sanciona como infracción muy grave el incumplimiento del límite máximo legal de pago del precio del transporte en los contratos de transporte de mercancías por carretera, cuando el obligado al pago no sea un consumidor. Las sanciones previstas son las siguientes:
- De 1.001 a 2.000 euros, cuando el precio del transporte sea inferior a 2.000€.
- De 2.001 a 4.000 euros, cuando el precio del transporte esté entre 2.001 a 4.000€.
- De 4.0001 a 6.000 euros, cuando el precio del transporte sea superior a 4.001€.
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3. Otra de las Novedades legislativas que afectan al recobro es el Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia que pretende potenciar la negociación y mediación entre las partes, para evitar la litigiosidad y sobrecarga de los juzgados, introduciendo un requisito previo a la interposición de la demanda, que consiste en acreditar que se ha acudido a algún medio adecuado de resolución de controversias (MASC) antes de acudir a la vía judicial.
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